Ha transcurrido más de una década desde la aprobación en 2011 del segundo «Plan de Ciudadanía e Integración 2011-2014» y de la «Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia», por lo que el impulso y desarrollo de un nuevo marco programático para promover la inclusión de las personas de origen extranjero, inmigrantes y solicitantes de protección internacional y temporal, así como para prevenir y combatir la xenofobia, el racismo y otras manifestaciones de intolerancia, era ciertamente una tarea ineludible.
A lo largo de estos años se han producido importantes cambios demográficos, sociales y económicos en la sociedad española, al tiempo que han aparecido nuevos retos que es necesario abordar para proteger la dignidad y asegurar la protección y disfrute de los derechos fundamentales de todas las personas.
Las crisis sucesivas que hemos vivido (económica, la pandemia de COVID-19, la guerra de Ucrania, la crisis energética) han contribuido a aflorar y aumentar las desigualdades sociales,afectando en mayor medida a ciertos grupos de población, entre ellos a las personas migrantes, solicitantes y beneficiarias de protección internacional; provocando, además, un aumento considerable de los discursos discriminatorios, racistas y xenófobos. Nos encontramos, asimismo, ante un nuevo escenario en el que se han producido avances significativos, normativos y de las políticas públicas, en el ámbito internacional, europeo y nacional.
